Aprobado: 29/05/2025
NUEVOS ENFOQUES DEL CONTROL SOCIAL: PROCESOS Y MÉTODOS FUNDAMENTADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
New approaches to Social Control: Processes and methods based on the Prevention of organized crime
Luisa Rojas
Universidad del Zulia
luisa_rojasgonzalez@hotmail.com
ORCID: https://Orcid.org/0009-0005-6773-5399
Venezuela
Irasema Vílchez
Universidad del Zulia
ORCID:https://Orcid.org/0009-0005-4997-8741
Venezuela
Cristina Seijo Suárez
Universidad del Zulia
ORCID: https://Orcid.org/0000-0002-3617-7831
Venezuela
El presente artículo tiene como propósito analizar la temática referida a los nuevos enfoques del Control Social: Procesos y métodos fundamentados en la prevención de la criminalidad organizada. Las clásicas discusiones de los académicos han quedado superadas en la misma medida que se introducen nuevas perspectivas, enfoques y categorías, bajo la presión de inéditas realidades sociales. La alteración de la cualidad del hecho delictivo, la ineficiencia de las agencias estatales en materia criminal, la generalización del miedo a la violencia, la percepción de impunidad, entre otros fenómenos, han colocado en el centro asuntos tales como la privatización, la informalización, desregulación, entre otros. Para el logro del objetivo, se realizó una revisión tradicional o narrativa que consistió en la búsqueda exhaustiva y análisis de la literatura sobre el tema, incluyendo tanto obras clásicas como artículos científicos recientes, destacándose la investigación bibliométrica y las revisiones sistemáticas como categorías de la investigación documental, con métodos explícitos propios y cuya tendencia actual es, principalmente, la búsqueda en línea o en bases de datos académicas presentes en plataformas 2.0, sin excluir la posibilidad del análisis de documentos impresos no digitalizados hasta el momento, como se continúa haciendo en algunas disciplinas de las ciencias sociales. En razón de ello, no todo está escrito sobre esta milenaria figura, en virtud que son decantaciones que la doctrina elabora a partir del examen inductivo de las distintas instituciones penales, ampliados y consolidados a veces por el derecho penal comparado.
Palabras clave: Control social, criminalidad organizada, justicia privada.
The purpose of this article is to analyze the topic related to new approaches to Social Control: processes and methods based on the prevention of organized crime. The classic discussions of academics have been surpassed to the same extent that new perspectives, approaches and categories are introduced, under the pressure of unprecedented social realities. The alteration of the quality of the criminal act, the inefficiency of state agencies in criminal matters, the generalization of the fear of violence, the perception of impunity, among other phenomena, have placed issues such as privatization, informalization, deregulation, among others, at the center. To achieve the objective, a traditional or narrative review was carried out that consisted of an exhaustive search and analysis of the literature on the topic, including both classic works and recent scientific articles, highlighting bibliometric research and systematic reviews as categories of documentary research, with its own explicit methods and whose current trend is, mainly, the online search or in academic databases present on 2.0 platforms, without excluding the possibility of analyzing printed documents not digitized to date, as is still done in some disciplines. of the social sciences. For this reason, not everything is written about this ancient figure, since they are decantations that the doctrine develops from the inductive examination of the different penal institutions, sometimes expanded and consolidated by comparative criminal law.
Key Words: social control, organized crime, private justice.
La violencia delincuencial se ha convertido en uno de los principales problemas sociales (San Juan, 2017; Briceño León, 2018). En el caso de los homicidios estaría presente una violencia extrema en virtud que se trata de dar muerte intencionalmente a una persona, en tanto que con las lesiones se busca producirle un daño, sin pretender acabar con su vida.
Dentro del marco de los robos se trata de una situación en la cual el delincuente se encuentra con la víctima existiendo siempre la posibilidad de agresión para despojarla del bien apetecido, mientras que los hurtos son acciones furtivas en las cuales la condición fundamental es la ausencia del propietario del bien.
Por ello, la alta prevalencia de los delitos violentos condiciona la vida pública y privada, puesto que agrega un nuevo elemento al stress citadino. Sobre todo, por la incapacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las funciones del sistema judicial y el aparato policial, comprometidos en la prevención, captura y castigo de los delincuentes. Son instancias marcadas por una fuerte crisis de legitimidad, fundamentalmente por sus resultados negativos en el control penal y su participación en escándalos de corrupción. Todo el aparato formal del sistema penal, su jerga y ritos lo han convertido en un teatro de poder desacreditado (Aniyar, 2013).
En ese marco, la impunidad deja de ser sólo una sensación para convertirse en una entidad fáctica, una realidad inocultable; los delincuentes aprenden que pueden ejecutar sus acciones, pues difícilmente serán penalizados y la población se convence que ello es totalmente cierto (Romero Salazar, et al., 2021, pág. 29).
Esos constituyen los elementos reales del miedo, del llamado sentimiento de inseguridad (delincuencia, violencia e impunidad), a los cuales se agregan las narraciones de experiencias de asalto, que no siempre son ciertas, y la sistemática presentación televisiva de actos violentos que hacen que la agresividad y la banalización de la vida se conviertan en una de las particularidades de la existencia cotidiana (Del Olmo, 2020).
Tal cuadro de violencia, real o percibida, y de impunidad (en un contexto de anomia social caracterizado por las profundas contradicciones sociales, la crisis económica y política -fundamentalmente de legitimidad-) constituye el factor primordial de respuestas alternativas y particulares frente a la delincuencia. La población se arma y socializa en precauciones rutinarias, que son responsabilidad individual, o en su debido caso, se organiza comunitariamente.
Cada persona o grupo va a actuar según sus condiciones sociales económicas y culturales; porque estas definen la percepción del riesgo, del impacto real o potencial de la violencia delincuencial, e igualmente como “vivirla” y enfrentarla en la cotidianidad (Cisneros y Zubillaga, 2019).
Los sectores medios generalmente desarrollan respuestas basadas en la disposición de algunos recursos económicos que permiten costear, a saber, el levantamiento de murallas (que restringen el acceso de los extraños a sus espacios residenciales), la contratación de vigilantes o la afiliación a organizaciones que ofrecen seguridad de bienes. En este caso se delega en terceros la protección, esa es la fundamental característica de su esquema preventivo.
Se presentan además, en los sectores populares, hechos reactivos, espontáneos, en los cuales la comunidad toma justicia por su propia mano, como los linchamientos, que tienen un carácter primitivo y que persiguen el castigo físico de individuos que presumiblemente infringieron una norma y que se encuentran en inferioridad numérica.
En cualquier caso, la privatización de espacios residenciales, la contratación de vigilancia formal o informal, el pago de vacuna, el porte de armas, las precauciones cotidianas, las conductas de inhibición, la organización de comités de seguridad vecinal, entre otros, no son sino respuestas de autoprotección o auto- defensa (unas benignas, otras no tanto) desarrolladas en forma colectiva o individual. Ese es el resultado de la inexistencia del control adecuado de la inseguridad por parte de las instituciones establecidas para tal fin, lo que posible- mente esté llevando a vivir en actitud de permanente vigilancia de unos a otros y con riesgos adicionales a los generados por la actividad delictiva común (Molina, et al., 2018).
Así, las respuestas están relacionadas con fines particulares o comunitarios y no societarios, referidos a propósitos más concretos: la protección contra el delito. En consecuencia, corresponden a un tipo de control social instrumental, que por otra parte, no consigue asidero teórico dentro de las concepciones tradicionales del control.
El control social se refiere a los mecanismos, estrategias y procesos que las sociedades utilizan para regular el comportamiento de sus miembros, prevenir conductas desviadas y mantener el orden social (Reinoso, 2024). En el contexto de la delincuencia organizada, el control social incluye tanto las medidas formales, como las leyes y regulaciones; en el caso de las medidas informales, destacan las normas y valores culturales.
Para su interpretación, estas novedosas modalidades pueden ser insertadas en el amplio tema del control social, en el cual están contenidos, en primer lugar, todos los procesos y métodos a través de los cuales una sociedad asegura que sus miembros se ajusten a sus expectativas (al interés general), y en segundo lugar, las respuestas hacia las conductas desviadas.
Se asume el fenómeno de las respuestas de la población como mecanismos de auto defensa asociados fundamentalmente al miedo hacia la violencia delincuencial, y no al delito en términos generales, en virtud que la visibilidad de la criminalidad está referida a cierta categoría de delitos graves como el homicidio, las lesiones, violación, robo a mano armada y el hurto con violencia (Santos, 2017), dejando por fuera los delitos de cuello blanco y aquellos que afectan intereses difusos, en tanto no son percibidos comúnmente como constitutivos del fenómeno criminal, dada la selectividad de los procesos de criminalización (Baratta, 2023).
Por ello, se consideran varios enfoques que aportan elementos para ampliar las posibilidades de comprensión del fenómeno; a saber:
La realidad en la cual se presenta el delito es construida dentro de la experiencia cognoscitiva y práctica, a través de la interacción de los individuos o grupos dentro de una sociedad dentro de una sociedad determinada (Baratta, 2023).
El miedo al delito es producto de una construcción social basada, por una parte, en la forma como se definen tanto las situaciones como los sujetos que pueden constituir una amenaza, y por otra, en la forma como son vividas las situaciones de peligro de acuerdo a la pertenencia a un estrato social, que determina la manera de enfrentar la cotidianidad.
La construcción social del miedo implica dos niveles de análisis: El vivencial, referido a las condiciones de vida que vinculan a una persona a ciertas situaciones de riesgo y a la experiencia misma del asalto, y el discursivo, que contiene las imágenes y explicaciones a las que se tiene acceso y que configuran la aprehensión-comprensión del fenómeno, en este caso de la violencia delincuencial (Cisneros y Zubillaga, 2017).
El nivel discursivo estaría determinado por la comunicabilidad de las experiencias mediante la conversación cotidiana y por la recepción de mensajes provenientes de los medios de comunicación masiva. En el proceso se generan ciertas ideas y actitudes en torno a la función policial, en cuanto a la evaluación de su capacidad para garantizar la seguridad de las personas y debido a los espacios en los que la gente considera debe intervenir. De acuerdo con esto, los individuos desarrollan una serie de acciones protectivas, asociadas principalmente al temor de ser víctimas del delito, no obstante de ser consideradas como anticipaciones de vulnerabilidad.
Según este modelo, el ejercicio del control se ha desplazado del sector público al sector privado como consecuencia de la globalización económica y cultural, la tecnificación del control (mecanismos avanzados de vigilancia) y el desmontaje del Estado benefactor (Adamson, 2018; Baratta, 2023; Gabaldón, 1999).
Rosa Del Olmo incluye tales mecanismos dentro de lo que denomina Modelo de Justicia Privada. En muchos aspectos el planteamiento se fundamenta en el trabajo sobre sistemas de seguridad privada realizado por los canadienses Clifford Shearing y Philip Stenning en la década de los ’80 (Morais, 2019), que sostiene que la tendencia privatizadora del control (dirigida hacia la protección de bienes y personas al margen de los límites establecidos por el derecho penal) está en función exclusiva de intereses particulares.
El modelo es aplicable principalmente a los servicios de seguridad privada corporativos, que poseen ostensibles diferencias con el esquema de los mecanismos de autodefensa, especialmente desde el punto de vista de la disposición de tecnología. Sin embargo, podría constituir una herramienta útil, en cuanto sus explicaciones se derivan de una caracterización del fenómeno de la privatización de la seguridad, que posibilita la contextualización del fenómeno dentro de las nuevas interpretaciones del control social.
En este sentido, el Modelo de Justicia Privada parte de las siguientes precisiones: a) el control ejercido responde a intereses privados; b) el esquema de operación (vigilancia y sanciones) no está circunscrito a los mandatos legales ni a las garantías ciudadanas; prevaleciendo criterios eficientistas sobre la base de los conceptos de riesgo y pérdida, que en ocasiones pueden inducir a la conculcación de derechos ciudadanos; y c) su legitimidad está justificada en normas legalmente establecidas, como la defensa de la propiedad, por lo que es tolerado por el propio Estado.
El enfoque situacional plantea el control social del delito a través de un paradigma preventivo que enfatiza el análisis del mismo acto criminal; tomando el delito como una entidad de análisis autónomo (Clarke y Felson, 2012).
Las llamadas teorías del crimen asumen la necesidad del control social y se ocupan por encontrar formas de control que sean eficaces y a su vez aceptables éticamente. Las teorías del crimen parten del supuesto que existen personas motivadas a cometer delitos; interesa saber entonces, mediante un estudio situacional, dónde, cuándo, y en qué circunstancias estos se cumplen para poder reducir sus oportunidades.
De forma general, el enfoque situacional está basado en el análisis de las precauciones rutinarias frente al delito, tales como el uso de alarmas, cerraduras, construcción de murallas o cierre de espacios, evitación de lugares y personas peligrosas, entre otras, y parte de la idea que la prevención del delito no debe ser exclusiva de las agencias de control formal; sino por el contrario, una responsabilidad compartida por toda la sociedad (Medina Ariza, 2017).
Además, entiende el acto criminal como una convergencia de oportunidades, distribuidas social, espacial y temporalmente. La distribución no es aleatoria, pues ocurre en particulares lugares y momentos, teniendo como víctimas u objetivos determinadas categorías de personas y cosas, lo que guarda una estrecha relación con las teorías de los estilos de vida, que sugieren que la distribución del delito puede estar determinada por el nivel de exposición de los individuos a lugares, situaciones o personas peligrosas de acuerdo a un estilo de vida específico.
Igualmente plantea que la pertenencia a un estrato socioeconómico determina una vulnerabilidad diferenciada hacia el acto criminal: las personas con menos recursos económicos ven reducidas sus oportunidades para evitar las situaciones peligrosas y tener acceso a medios de seguridad adecuados.
Así, el control social es entendido básicamente como prevención del delito. Dentro de la diferenciación criminológica tradicional del control formal e informal, el enfoque situacional del delito se considera a sí mismo como una tercera forma, en virtud que se define como un conjunto de medidas cotidianas que adoptan los ciudadanos o las organizaciones sociales para prevenir su propia victimización (Medina Ariza, 2017).
La prevención situacional se presenta como una alternativa que no pretende modificar la conducta ni los valores de los individuos hacia actitudes de conformidad, se limita a controlar las circunstancias que de alguna manera dan lugar a la ocurrencia de un hecho delictivo, con el propósito de hacer menos accesible y dificultar, sino imposibilitar, su comisión, mediante la implementación de medidas protectivas con el objeto de prevenir la propia victimización.
Estas técnicas están referidas al control de las oportunidades delictivas que convergen en tiempo y espacio en función de tres elementos: la presencia de un delincuente motivado, un objetivo alcanzable y la ausencia de un guardián capaz de prevenir, entendiendo por guardián a cualquier persona capaz de intervenir y disuadir al delincuente.
No obstante, de acuerdo a lo establecido por Seijo y Mavarez, el estudio de la desviación social no es más que la violación de las normas culturales en contextos formales o informales. Las teorías sociológicas de la desviación son aquellas que utilizan el contexto social y las presiones sociales para explicar la desviación.
La victimología, como disciplina, centra sus objetivos en el estudio científico de las víctimas del delito; analiza a las personas que padecen por la violencia delincuencial y cuyo sufrimiento puede ser físico, psicológico y social.
Mendelsohn, quien es considerado el iniciador de los estudios científicos sobre la víctima, estableció que el objeto principal de la victimología es la disminución de víctimas en todos los sectores de la sociedad. Sus métodos deben centrarse en la reducción de los factores situacionales del delito y prevenir la reincidencia (Marchiori, 2014).
Toda victimización produce una disminución del sentimiento de seguridad individual y colectiva, porque el delito afecta profundamente a la víctima, a su familia, comunidad social y cultural. En tal sentido, se ha observado en las víctimas del delito los siguientes rasgos y condiciones: Daño en su persona o en sus pertenencias; sufrimiento a causa de la acción delictiva; sensación de humillación social; temor por su vida, la de su familia y sentimiento de familia y vulnerabilidad que provoca estados de angustia, desconfianza, inseguridad individual y social.
Esta sensación de inseguridad se incrementa en tanto que la víctima no recibe respuesta a su situación individual, familiar y social por parte de las instituciones encargadas de su protección. Ello, asociado a la impunidad del delincuente, crea stress y conmoción en la víctima y su familia (Marchiori, 2014).
Tal stress delictivo puede conducir a conductas post-delictivas desencadenantes de nuevos comportamientos: permanente temor a salir de su hogar, imposibilidad de desempeñar sus labores, enfermedad física (en algunos casos somatización), trastornos psíquicos, desintegración familiar, alcoholismo, conductas autodestructivas, encierro, intento de suicidio, suicidio.
Estas consecuencias aparecen seguidas al hecho delictivo, lo que pudiera contribuir a la explicación del surgimiento de otras formas de defensa planificadas a nivel comunal para evitar ser víctima de delitos o bien espontáneas y más violentas, como el caso del linchamiento donde las víctimas se convierten en victimarios, siendo capaces de castigar por su propia mano y llegar a matar al delincuente.
La delincuencia organizada ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno complejo que afecta a múltiples aspectos de la sociedad, desde la economía hasta la seguridad nacional. Los grupos de delincuencia organizada operan a nivel transnacional y emplean tácticas sofisticadas para evadir la detección y las medidas de control. En este contexto, es imperativo desarrollar enfoques innovadores y efectivos para prevenir y combatir estas actividades ilícitas.
La criminalidad organizada ha tenido un auge en los últimos años, materializándose a través de actos delictivos con los que adquiere notoriedad, como por ejemplo la minería ilegal, trata de personas, tráfico de drogas y armas, sicariato, falsificación y contrabando (Bartolomé, 2019). Sin embargo, Lazzetta (2020), ha precisado que la criminalidad organizada muchas veces no actúa solo, sino que el Estado está inmerso, sobre todo en la burocracia estatal que no tiene la capacidad, recurso y autoridad para implementar la disposición necesaria para hacer frente a tal problemática social.
Para Rolón (2019), la criminalidad organizada constituye un desafío y un enemigo que se tiene que enfrentar para evitar su desarrollo y su propagación rápida. Existe la necesidad de revisar todo lo referente a estos casos delictivos, con la finalidad de recabar precedentes que puedan combatir este flagelo social, económico, legal, entre otros, para lo cual es necesario fortalecer los resultados que se obtuvieron desde el ámbito jurídico, lo que permitirá que se avance en estrategias que permitan lograr las metas y también corregir errores en la lucha de estos grupos delictivos.
Es acertado establecer que la criminalidad organizada también se presenta en forma de corrupción que ha capturado al Estado, generando agitación mediática, considerando que se encuentran involucradas autoridades de alta jerarquía o funcionarios públicos, empresarios, entre otros (Galeano, 2018). Todos estos actores que desarrollan un aprendizaje criminal terminan por generar un perjuicio significativo a la sociedad.
Se han recopilado una serie de referentes conceptuales, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito nacional, se tiene a Solorzano (2022), quien realizó una investigación con el objetivo de analizar el impacto del crimen organizado en algunos ámbitos sociales como el desarrollo socioeconómico en el caso de tres lugares determinados: el valle de los ríos Amazonas, Río de la Plata y el Río Magdalena. La metodología utilizada en este caso fue cuantitativa, de tipo básica y de método hipotético deductivo, llegando a la conclusión que existe un impacto significado del crimen organizado en los aspectos socioeconómicos de estas regiones, toda vez que las consecuencias negativas de este tipo de crimen inciden en el desarrollo de la vida de las personas, y se resalta que las políticas del Estado no resultaban suficientes para este tipo de criminalidad.
Por otro lado, se tiene a Corcuera (2019), quien realizó un estudio con el objetivo de analizar el crecimiento del crimen organizado y como se ha expandido el fenómeno extorsivo en el ámbito nacional bajo un enfoque metodológico cualitativo de tipo descriptivo. Así, llegó a la conclusión que la criminalidad organizada ha ido en incremento en los últimos años y que ha incidido en la sociedad mediante la afectación de diversos mercados, transporte público, construcción, comercio, entre otros. Estableció que este tipo de criminalidad termina por generar una afectación a la estabilidad del Estado y principalmente genera un gran riesgo a la seguridad de la sociedad.
En la misma línea se tiene a López (2018), quien materializó un estudio con el objetivo de analizar el incremento del crimen organizado y proponer alternativas necesarias para mejorar el proceso de su investigación y bajo un enfoque cualitativo concluyó que la criminalidad organizada si llega a afectar la paz social y conlleva a que se genere inseguridad. Por otro lado, determinó estas organizaciones generan incluso corrupción, precisamente por el poder y el dinero que se ven inmiscuidos y que terminan por manejar a las personas.
Ahora bien, en el ámbito internacional se tiene a Gutiérrez (2018), el cual elaboró un estudio con el objetivo de analizar a la criminalidad organizada desde el punto de vista criminológico y el derecho comparado, bajo un enfoque cualitativo, estableció como una de sus conclusiones que este tipo de criminalidad genera corrupción, precisamente por el gran poder económico que ostentan, lo que conlleva a la impunidad de los diversos actos delictivos.
Por otro lado, se tiene a Gutiérrez (2020), quien realizó una investigación con el objetivo de realizar un análisis de la colaboración eficaz con relación al crimen organizado en el país de Ecuador. Bajo un enfoque cualitativo de diseño investigación acción y estudios de caso, estableció como una de sus conclusiones que el criminen organizado es uno de los principales adversarios de la sociedad, llegando incluso hasta el ámbito político, generando situaciones de corrupción e impunidad en la investigación de los diferentes ilícitos relacionados, a saber: sobornos, extorsiones y cohechos.
En el mismo sentido, Medina y Ortiz (2020), quienes realizaron un estudio sobre la imputación de conducta punibles ejecutadas por grupos criminales bajo un enfoque cualitativo, determinó que este tipo de criminalidad incide negativamente en la seguridad ciudadana y, sobre todo, termina por generar un perjuicio a la institucionalidad del Estado. Es preciso indicar que la seguridad ciudadana es una de las principales consecuencias o efectos negativos que produce este tipo de criminalidad, pues tanto su incremento y falta de represión adecuada, termina por generar una alteración a la paz social y la tranquilidad de las personas en sus actividades cotidianas.
Asimismo, Zúñiga (2020), en su estudio tuvo como objetivo analizar los modelos de política criminal frente a la criminalidad organizada bajo un enfoque cualitativo. Como una de sus conclusiones estableció que las organizaciones criminales, en especial aquellas de carácter transnacional, corrompen instituciones y empresas. Es precisamente esta acción la que termina por determinar la existencia de perjuicios en la sociedad, pues el corrompimiento de las instituciones y de las empresas generan una reacción perjudicial a la sociedad.
Ahora bien, se entiende que, dentro del orden social, la criminalidad organizada se presenta como un fenómeno que ha adquirido presencia en la sociedad durante los últimos años. Este fenómeno se conceptualiza como aquella agrupación de personas que se encuentran organizadas, con la finalidad de cometer actos ilícitos, considerando que este tipo de delito se diferencia de los demás delitos comunes por la complejidad de las actividades delictivas, que normalmente requieren de una organización y contactos transnacionales.
Se comprende la complejidad de estas organizaciones y de la tan marcada diferencia con los delitos generales, comprendiendo lo establecido por Beka (2020), quien precisa que este tipo de criminalidad es una forma especial y compleja de la criminalidad general, caracterizándose por distintos aspectos, como la jerarquía, organización, el uso de violencia e incluso la existencia de vínculos entre sus miembros.
Cabe comprender que la finalidad de estas organizaciones normalmente se ve camuflada por actos lícitos, que revisten una apariencia de legalidad. Por ejemplo, Rodríguez (2022), precisa que si la actividad principal de la organización criminal es el tráfico ilícito de drogas, es evidente que dicha organización necesitará dar apariencia lícita, lo que fue obtenido de forma ilícita. De esta forma, resulta necesario que estas organizaciones requieran de actividades instrumentales para conseguir la finalidad propuesta, lo que bien puede traducirse en una apariencia legal de la actividad.
Es factible asumir que gran parte de las actividades que se ejercen en la sociedad bajo una apariencia de legalidad, constituyen una forma de cometer actos ilícitos por parte de la criminalidad organizada. Las actividades instrumentales sirven como camuflaje para estas actividades delictivas, facilitando su materialización y eludiendo a la justicia.
Por ello, es evidente que este tipo de organizaciones se encuentran bien estructuradas, en aras de desarrollar sus actividades de manera eficiente, contaminando mercados, zonas e incluso comunidades. Se llega a inculcar el temor y la inseguridad por parte de las demás personas, y como bien lo establece Bartolomé (2020), suele recurrir a la corrupción para lograr situaciones de impunidad, debilitando el aparato estatal. De esta forma, se entiende que la criminalidad organizada representa un peligro social que debe ser mitigado, en virtud que determina la existencia de inseguridad ciudadana y temor social, no solo a nivel nacional, sino incluso internacional.
Así, a juicio de Rincón (2018), este fenómeno se ha inmiscuido en el Estado a través de la corrupción de los funcionarios públicos, quienes asumen diferentes responsabilidades en relación con la sociedad. Es debido a ello, que Watson et al., (2021), han establecido que la corrupción y las ganancias políticas encuentran una relación con este tipo de criminalidad. Esto es respaldado por Mosca (2020), quien ha establecido que el modus operandi de las organizaciones criminales radica en la influencia de la gestión y control de bienes económicos, así como en las actividades del gobierno. Esto también es evidente en la realidad latinoamericana, donde la mayoría de los políticos se encuentran procesados por conformar organizaciones criminales, precisamente por haberse generado supuestos de impunidad y favorecimiento para ciertas actividades económicas. No salta a simple vista, pero existe una relación entre la corrupción, crimen organizado y afectación a la sociedad.
De acuerdo a ello, Medina y Ortiz (2020), han establecido que el Estado pretende hacer frente la criminalidad organizada a través del derecho penal y mediante la imposición de una pena, considerando que este tipo de delitos tiene una procedencia planificada y jerarquizada. Sin embargo, aquí entra en juego el factor de la corrupción, la cual no permite que se ejerza una verdadera justicia en muchos casos. Esto permite establecer válidamente que los esfuerzos del Estado no resultan suficientes para combatir la criminalidad organizada.
Esto representa un desafío jurídico para los Estados, especialmente cuando se pretenden reducir sus efectos negativos en la sociedad, como bien lo ha establecido Fernández (2021), no obstante, la existencia del crimen organizado supone, de por sí, un desafío al Estado al competir su poder. Se debe tomar en cuenta que la sociedad se caracteriza por constituir una agrupación en la cual existe una interrelación entre sus integrantes, y es precisamente esa interrelación y desarrollo social el cual se ve afectado a través de la inseguridad o el temor por la criminalidad organizada.
Bajo lo señalado, es factible incluso establecer que la criminalidad organizada posee mayores capacidades que el mismo Estado, pues su desarrollo en los últimos años y la falta de eficacia en las medidas implementadas para su represión evidencia la carencia del Estado y la repercusión negativa cada vez más en la sociedad (Lazzeta, 2020).
En virtud de lo establecido, queda establecido que el crimen organizado es sin lugar a duda uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad y que su repercusión se materializa en aspectos como la corrupción, inseguridad, impunidad, entre otros. Bien lo establecen Tickner et al. (2020), el incremento de los indicadores de violencia en la mayoría de los países latinoamericanos, entre ellos homicidios, casos de abuso sexual y robos, está estrechamente relacionado con el aumento de las actividades de grupos criminales. En el mismo sentido, Luyten y Rossi (2022), establecen que afecta el bienestar de las personas, genera costos políticos y sociales considerables.
Los efectos son similares en distintos países, como lo precisa el International Crisis Group (2023), a saber, el caso de Centroamérica, Colombia y México, el crimen organizado produce violencia, y una de las actividades más comunes es el narcotráfico que produce la inseguridad y la delincuencia. En el mismo sentido, se precisó que se materializan otros delitos como tráfico de personas, robo de combustible, minería ilegal, tala indiscriminada, entre otros, que termina por afectar derechos fundamentales.
En el mismo sentido, Jarufe (2023), ha precisado que en los países como el Caribe, Ecuador, Colombia y Venezuela el crimen organizado ha incrementado la tasa de inseguridad, lo que implica una afectación a la estabilidad o paz social. La comparación con otros países permite establecer que el crimen organizado repercute de manera similar, independientemente de la región en la cual se desarrolle, precisamente porque la finalidad perseguida se sustenta en la comisión de actos ilícitos y la generación de temor social.
El enfoque de investigación cualitativo se caracteriza por la recolección de datos no estandarizados y por constituir un estudio en el cual se realizó un análisis profundo y exhaustivo de la problemática planteada. De acuerdo a ello, Espinoza (2020), ha precisado que este tipo de investigación se destaca por las competencias hermenéuticas del investigador, el cual efectúa la interpretación y análisis exhaustivo del tema propuesto. En el presente caso, se realiza una investigación que contiene un análisis profundo y reflexivo sobre el control social, la criminalidad organizada y su incidencia en la sociedad, así como el análisis de sus efectos negativos.
Este tipo de investigación se caracteriza por ser pura o teórica, es decir que tiene su origen en un marco teórico y permanece en este. En este caso, se ha realizado un análisis sobre el control social y la criminalidad organizada, su incidencia en la sociedad, proporcionando información y análisis sobre esta problemática, de manera sistematizada, a efectos de generar un antecedente para el conocimiento y futuras investigaciones.
Sobre el particular, Quesada y Medina (2020), han establecido que el análisis de la información posibilita descomponerla en busca de lo que es esencial en relación con el objeto de estudio.
En Latinoamérica, el control social y el crimen organizado es un problema latente que ha tenido un desarrollo en los últimos años, afectando la seguridad ciudadana, generando temor social, corrupción e incrementando actividades delictivas en distintas zonas del país. La influencia negativa que ha tenido en los diferentes estados ha provocado actos de corrupción en funcionarios públicos, debilitando el Estado mismo, socavando la seguridad y confianza de los ciudadanos, materializándose una amenaza para el desarrollo y la tranquilidad social.
No obstante, cabe mencionar lo establecido por Cortina (2021), quien reflexiona sobre la necesidad de una ética de la cordura que, además sea cosmopolita; la cual debe estar enmarcada en la construcción una sociedad sin exclusión, fundada en una articulación entre la prudencia y la justicia en el corazón.
Se ha determinado que la repercusión del control social y el crimen organizado se manifiesta a través de consecuencias socioeconómicas, mediante el perjuicio que debe sufrir el Estado para implementar medidas tendientes a combatir este tipo de flagelo, se han afectado mercados, sistemas de transporte, construcción e incluso comercio debilitando la estabilidad de la sociedad y provocando un riesgo a la seguridad.
Además, se genera un perjuicio a la institucionalidad del Estado, lo que se traduce en la afectación de la democracia y seguridad nacional, determinándose la existencia de temor social mediante el incremento de los índices de violencia y delincuencia.
De acuerdo a ello, la cientificidad remite admitir el valor científico de un conocimiento basado en criterios normativos bien definidos, unos de orden epistemológico, u otros de orden social, de esa manera se excluyen argumentos basados en la subjetividad. Por tanto, la aplicación de cualquier conocimiento científico puede tener consecuencias imprevisibles para la humanidad aunque sólo sea concentrar el poder biotecnológico en manos de unos cuantos.
Conforme a los resultados, se ha identificado que el control social y el crimen organizado ha tenido una incidencia significativa en la sociedad, afectando de manera negativa distintos aspectos, como la seguridad ciudadana, estabilidad y tranquilidad social, la democracia e incluso la confianza de la población en el Estado. Se ha encontrado que los efectos negativos de este tipo de criminalidad constituyen un aspecto importante que debe ser analizado desde distintos aspectos, lo que puede coadyuvar a implementar políticas más eficientes para su mitigación, considerando la experiencia comparada de los países latinoamericanos, cuyas medidas se centran en temas de eficiencia del proceso penal y mayores elementos policiales en las zonas de mayor riesgo delictivo.
Un punto importante y necesario es el fortalecimiento de las instituciones que se encargan de luchar contra el crimen organizado, en aras de reducir y soslayar el impacto que este delito genera en la sociedad, pues su mayor incidencia radica en la seguridad y tranquilidad social. Durante el desarrollo de la investigación, se ha podido determinar que el crimen organizado repercute de manera directa y significativa en la paz social y la institucionalidad del Estado, destacando lo acotado por Lazzeta (2020), quien refiere que esta actividad delictiva ya ha ganado mayor capacidad que la sociedad a la cual se encuentra adscrita.
Conforme a estos resultados, es necesario determinar las medidas que se han adoptado en otros países de Latinoamérica para combatir el crimen organizado. En el caso de Ecuador, Sanso-Rubert (2023), precisan que para combatir este tipo de crimen se introdujo la figura penal de la colaboración eficaz, en el año 2014 como consecuencia de una adecuación normativa; sin embargo, su aplicación fue disímil y caótica debido a que durante los años de su aplicación no se brindaron las garantías debidas. En el mismo sentido, Albarracin (2023), precisan que la máxima autoridad del país de Ecuador ha buscado por varios métodos alcanzar reformas a la constitución para utilizar la capacidad máxima de las fuerzas armadas, apelando al uso de la fuerza para combatir este tipo de delitos.
En el caso de Colombia, se ha implementado una estrategia territorializada contra el crimen organizado, que comprende líneas de estrategias para reforzar a las entidades en el sector de justicia cuando se investigue y judicialice crímenes referidos a organizaciones criminales. Así, se presentan las siguientes medidas: implementar programas para asistir a las autoridades en el desmantelamiento de organizaciones criminales, aplicar acciones de prevención en ciudades, aumento de presencia y disponibilidad de efectivos policiales en los territorios, mejorar las cárceles colombianas, iniciativa para capacitar sobre las estrategias y movimientos de estos grupos criminales, entre otros (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2022).
Todas estas medidas permitirían que las autoridades estén más presenten en las calles y tengan la capacidad necesaria para combatir el crimen organizado, además de generar conocimiento en la población sobre las estrategias utilizadas en estos crímenes para que se efectivice su denuncia.
Por otro lado, en Argentina el Ministerio de Seguridad (2021), ha elaborado un plan federal para abordar el crimen organizado, estableciendo las siguientes medidas: se optimizará la presencia de fuerzas policiales y seguridad en las calles o sitios identificados como riesgosos para los habitantes, invertir mayores recursos en las investigaciones de estas organizaciones, contrarrestar la logística de las organizaciones criminales a través de la reutilización de bienes secuestrados y decomisados, además de fortalecer las acciones para el control de importaciones y exportaciones.
En el mismo sentido, el país de Chile en aras de combatir la delincuencia organizada, ha implementado la Política Nacional contra el Crimen Organizado, generando las siguientes acciones: fomentar la participación de las instituciones involucradas en la seguridad ciudadana, adecuar el sistema de inteligencia, uso de bienes incautados, fortalecer las entidades fiscalizadoras e invertir mayores recursos en la investigación de estas organizaciones. (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2022).
Considerando que la incidencia de la criminalidad organizada produce efectos negativos generales en toda sociedad, las acciones son similares a las que se pueden identificar a nivel nacional, pues radican en el reforzamiento de la seguridad e investigación criminal de estas organizaciones e incluso se centran en el derecho penal a través de incrementos de penas o instituciones como la colaboración eficaz.
Finalmente, se debe comprender que las afectaciones a la sociedad son de carácter pluridimensional, desde la afectación a la economía del país, hasta la salud pública e incluso en el ámbito político, lo que permite identificar que su tratamiento es indispensable y la elaboración de estrategias adecuadas resulta esencial para combatirla.
La instrumentación de las nuevas modalidades de control social se origina por el temor de la población de verse afectada por conductas disruptivas, en su integridad personal y sus bienes. En tal sentido constituyen alternativas de iniciativa privada, que de alguna manera son inducidas por la percepción de una situación de violencia generalizada, en la cual la acción de la delincuencia tiene repercusiones inmediatas en su calidad de vida.
Cada uno de los mecanismos puestos en ejecución responde a unos determinados estilos de vida y posición socioeconómica, de acuerdo a los cuales los individuos se exponen a situaciones de riesgo en forma diferenciada, que buscan anticipar mediante estrategias de prevención también distinta. Se trata en todo caso de estrategias que funcionan con poca tecnología y casi al margen de una regulación legal.
Constituyen, por tanto, modalidades que no corresponde con las formas clásicas del control, puesto que su propósito es más prevenir situaciones de riesgo que favorecer la cohesión social. Lo que las caracteriza es su instrumentalidad.
Esta nueva realidad requiere para su estudio de una ampliación de las perspectivas del control social. Las contribuciones del enfoque de la Construcción social del miedo, el modelo de justicia privada, el enfoque situacional del delito y la Victimología son fundamentales. Sobre todo, por el reconocimiento de las precauciones rutinarias como una forma de control social distinta a las categorías de control formal e informal. Pero también por la consideración de las relaciones entre los estilos de vida, y la pertenencia a un estrato socioeconómico determinado con la distribución social y espacial del crimen. Estas teorías aportan un piso conceptual importante para el análisis del problema.
Se establece como conclusión que este fenómeno sociológico y criminal ha impactado de forma negativa en el desarrollo social, reduciendo significativamente la seguridad ciudadana e incrementando la violencia, además de influir en la corrupción de los funcionarios del Estado, lo que ha producido un debilitamiento de la transparencia e idoneidad en los cargos públicos.
La criminalidad organizada produce temor social y subyuga la libertad de los ciudadanos en diversos aspectos sociales y económicos, generando violencia e inseguridad que no permite un adecuado desarrollo. Estos efectos negativos retrasan el progreso y mitigan el bienestar social, desde su dimensión económica como cultural.
El incremento de la violencia, la inseguridad ciudadana, el aumento de los delitos y la corrupción que son repercusiones significativas de la criminalidad organizada producen el debilitamiento del Estado y la seguridad nacional, materializando afectaciones de carácter pluridimensional tanto en el desarrollo económico, salud pública y daños a derechos fundamentales. Con los resultados obtenidos, se establece que el Estado no ha implementado medidas suficientes y necesarios para combatir a la criminalidad organizada, debido a que incluso en el mismo aparato estatal, se cometen delitos derivados de redes de corrupción que con consecuencia de organizaciones criminales desde el punto de vista macro jurídico social, por lo que se requiere de políticas y medidas más eficientes.
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