Régimen de concesiones mineras ante los estándares internacionales de derechos humanos en Panamá: diagnóstico normativo y propuesta de reforma

Resumen

El presente artículo analiza el régimen jurídico de las concesiones para la industria extractiva minera en Panamá, con el propósito de proponer un modelo de reforma normativa orientado al cumplimiento de los estándares internacionales de empresas y derechos humanos. La metodología es de tipo jurídico-dogmático con análisis sistemático de fuentes primarias: la Constitución Política de Panamá, la legislación minera vigente estructurada en torno al Decreto Ley No. 23 de 22 de agosto de 1963, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (2017-2023), los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (A/HRC/17/31, 2011), las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2023), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluyendo la Opinión Consultiva OC-32/25 (2025) y el Acuerdo de Escazú. Los resultados demuestran que el ordenamiento jurídico minero panameño presenta déficits normativos estructurales incompatibles con los estándares internacionales contemporáneos en materia de derechos humanos. Tres sentencias del máximo tribunal constitucional (2017, 2021 y 2023) y la evaluación del Foro Intergubernamental sobre Minería (IGF, 2020) documentan las fallas sistemáticas en fiscalización, cierre de minas, participación ciudadana y consulta previa. La crisis sociopolítica del caso Minera Panamá (2023) confirmó que ningún proyecto extractivo es viable sin legitimidad social sustentada en procesos genuinamente participativos y respetuosos de derechos humanos. Se propone un procedimiento concesional articulado en seis fases que integra los tres pilares de los Principios Rectores, los estándares de debida diligencia reforzada de la OC-32/25 y las obligaciones del Acuerdo de Escazú.