Abstract
The Panamanian judicial system faces chronic
congestion that undermines due process enshrined in the Political Constitution,
while the principle of procedural economy, regulated by Law 53 of 2015 and
recently amended by Law 402 of 2023, demands promptness in dispute resolution.
This tension produces paradoxical delays, recurrent annulments, and systemic
inequalities, especially among indigenous communities protected by Law 76 of
2021. Using a qualitative interpretive paradigm, with a descriptive-documentary
design, doctrinal analysis, and a grounded theory method, forty-five Supreme
Court of Justice rulings (2020-2025) and semi-structured interviews with three
key informants were analyzed. The results reveal that appeals triggered by
procedural formalities mostly end in annulments; the digital reforms of the
Integrated Judicial System reduce processing times but omit cultural
guarantees; and Panama ranks low on the Rule of Law Index. The discussion is
enriched with contemporary scholarship on effective judicial protection,
digital justice, intercultural justice, and judicial artificial intelligence,
contrasted with classic procedural doctrine. It is concluded that a
constitutional reform is urgently needed to integrate procedural economy with
due diligence, incorporating artificial intelligence for case triage and
intercultural judicial training, in order to align the Panamanian system with
hemispheric standards.
Keywords: due process, procedural economy, Panamanian justice, judicial
efficiency, constitutional reforms.
Introducción
En el ámbito global, la eficiencia
judicial se ha consolidado como pilar fundamental de los Estados de Derecho,
particularmente ante el crecimiento sostenido de la demanda de servicios de
justicia accesibles y oportunos (United Nations Office on Drugs and Crime
[UNODC], 2022). La economía procesal, entendida como el principio rector que
busca la optimización de recursos, tiempos y esfuerzos en la tramitación de los
procesos (Devis Echandía, 1984), representa uno de los ejes centrales de los
sistemas de justicia contemporáneos. Su aplicación, sin embargo, no está exenta
de tensiones con las garantías del debido proceso, que exigen audiencia,
defensa e imparcialidad (Couture, 1958; Picó i Junoy, 1997), y que la doctrina
más reciente sigue reivindicando como núcleo irrenunciable de cualquier reforma
orientada a la celeridad (Gauché-Marchetti et al., 2022).
A escala regional, América Latina
enfrenta rezagos significativos en materia de eficiencia judicial: el Banco
Mundial (2024), reporta que los promedios de resolución de casos en la región
superan los 800 días, mientras que la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE, 2024), estima que los sistemas congestionados
elevan los costos sociales entre el 2 y el 3 % del Producto Interno Bruto.
Estas cifras impulsaron una ola de reformas procesales en países como Chile
—con la Ley 20.886 de 2016 sobre tramitación digital— y Colombia —con la Ley
2213 de 2022 que refuerza la oralidad y la virtualidad—, las cuales han sido
analizadas ampliamente por la doctrina comparada, tanto clásica como
contemporánea (Pereira Anabalón, 2014; Bernal Pulido & Montealegre Lynett,
2013; Medina, 2022).
En el contexto panameño, esta
problemática adquiere matices particulares. La Corte Suprema de Justicia (CSJ,
2025) reporta una acumulación crónica de expedientes que compromete
directamente el artículo 29 de la Constitución Política (1972), según el cual
toda causa deberá ser juzgada dentro de un plazo razonable. La Ley 53 de 2015
—Código Procesal Civil— y su reciente sustitución por la Ley 402 de 2023
reflejan la voluntad legislativa de introducir principios de economía procesal,
aunque su implementación ha revelado tensiones con derechos fundamentales,
incluyendo las garantías procesales de los pueblos indígenas reconocidas en la
Ley 76 de 2021 (Araújo-Oñate, 2011; López Medina, 2006; Julca-Guerrero et al.,
2025).
Adicionalmente, la irrupción de la
inteligencia artificial (IA) como herramienta de gestión judicial plantea
nuevas oportunidades y dilemas éticos. Autores como Restrepo Rodríguez y
Corvalán (2022), Gascón Abellán (2024) y Perilla Granados (2024), coinciden en
que los sistemas automatizados pueden reducir la carga procesal y estandarizar
criterios, pero también pueden reproducir sesgos sistémicos si no están sujetos
a supervisión humana adecuada. Esta tensión resulta especialmente relevante en
jurisdicciones con alta diversidad cultural, como la panameña, donde la
celeridad algorítmica corre el riesgo de homogeneizar respuestas jurídicas que
deberían ser culturalmente sensibles.
Frente a este panorama, el presente artículo se propone
analizar la tensión entre debido proceso y economía procesal en el sistema
judicial panameño, identificando los principales desafíos estructurales y
proponiendo reformas integrales para un equilibrio sostenible, basado en
indicadores de eficiencia judicial y en la experiencia comparada de Chile y
Colombia. La investigación parte de la hipótesis de que dicha tensión no es una
mera antinomia técnica, sino un fenómeno hermenéutico complejo (Gadamer, 1975),
que requiere soluciones sistémicas y culturalmente situadas, capaces de
dialogar tanto con la doctrina procesal clásica como con la producción
científica más reciente sobre justicia digital, tutela efectiva y pluralismo
jurídico.
Método
Diseño y paradigma
El estudio se inscribe en un paradigma interpretativo con enfoque
cualitativo y diseño descriptivo-documental, orientado a explorar la tensión
entre debido proceso y economía procesal en el sistema judicial panameño
(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2023). Este paradigma resulta adecuado
cuando se busca comprender fenómenos jurídicos en su contexto normativo y
social, atendiendo a los significados que los actores asignan a sus prácticas
(Strauss & Corbin, 1998; Ñaupas et al., 2022).
Método de análisis doctrinal y teoría fundamentada
Se adoptó un análisis doctrinal para la interpretación
de principios jurídicos fundamentales, complementado con teoría fundamentada
(grounded theory, Glaser & Strauss, 1967), que permite generar categorías
emergentes a partir de los datos sin preconcepciones teóricas previas. La
teoría fundamentada ha sido ampliamente aplicada en investigaciones jurídicas
latinoamericanas (Creswell, 2014; Vasilachis de Gialdino, 2006) y garantiza
rigor metodológico en entornos normativos complejos. El análisis doctrinal se
actualizó incorporando literatura publicada entre 2019 y 2025, con el propósito
de contrastar los planteamientos clásicos de Couture (1958), Devis Echandía (1984)
y Montero Aroca (2001) con desarrollos recientes sobre tutela judicial
efectiva, justicia intercultural y justicia digital.
Fuentes documentales
Se analizaron las siguientes fuentes primarias: (a)
normativas clave —Constitución Política de Panamá (1972, reformada), artículo
29; Ley 53 de 2015; Ley 76 de 2021; Ley 402 de 2023—; (b) 45 sentencias
emblemáticas de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (2020-2025); y (c)
reportes institucionales de la CSJ (2025), el World Justice Project (2025), el
Banco Mundial (2024) y la OCDE (2024). Asimismo, se incorporó bibliografía
especializada proveniente de bases de datos Redalyc, Scopus, SciELO y Dialnet
(Ñaupas et al., 2022), priorizando artículos indexados publicados en la última
media década sobre economía procesal, debido proceso, congestión judicial,
justicia intercultural e inteligencia artificial aplicada a la administración
de justicia.
Entrevistas a informantes clave
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a tres
informantes claves seleccionados mediante muestreo intencional por su expertise
en economía procesal: IK1, juez de la CSJ con 20 años de experiencia en Sala
Penal; IK2, magistrado del Segundo Tribunal Superior en materia civil y
administrativa; e IK3, director de litigios y derechos humanos de una ONG
jurídica panameña. Las entrevistas tuvieron lugar en enero de 2026 (duración:
45-60 minutos cada una), fueron grabadas con consentimiento informado y
transcritas verbatim. La identidad de los informantes fue protegida mediante
codificación anónima, en consonancia con los principios éticos de la
investigación cualitativa (Creswell, 2014).
Consideraciones éticas y limitaciones del estudio
La investigación se ajustó a los principios éticos
propios de los estudios cualitativos con personas: consentimiento informado,
confidencialidad y posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento
(Creswell, 2014). Como limitación, debe señalarse que el número de informantes
clave (n=3) responde a un muestreo intencional propio del enfoque cualitativo,
orientado a la profundidad interpretativa antes que a la representatividad
estadística, por lo que los hallazgos no son generalizables en sentido probabilístico,
sino transferibles a contextos judiciales con características institucionales
similares (Lincoln & Guba, 1985). Asimismo, el análisis documental se
circunscribió a sentencias públicas de la CSJ (2020-2025), lo que pudo excluir
prácticas informales de gestión de despachos no reflejadas en el expediente
judicial formal.
Análisis de datos
Mediante teoría fundamentada, se procedió a tres
niveles de codificación: abierta (identificando conceptos como "dilaciones
económicas"), axial (relacionando categorías con el debido proceso) y
selectiva (teoría central: "equilibrio tensionado"). Los hallazgos
fueron triangulados con análisis comparativo de modelos chilenos (Ley 20.886) y
colombianos (Ley 2213), así como con la literatura contemporánea sobre
digitalización judicial (Medina, 2022; Perilla Granados, 2024), asegurando saturación
teórica tras tres iteraciones (Denzin, 1970; Lincoln & Guba, 1985).
Marco Conceptual
Debido proceso: núcleo protector de las garantías
constitucionales
El debido proceso constituye una
garantía constitucional de primer orden, cuyas raíces se remontan al derecho
anglosajón del due process of law y a la tradición romanista del derecho a ser
oído (Couture, 1958). En el ámbito latinoamericano, su recepción constitucional
ha sido amplia: el artículo 29 de la Constitución Política de Panamá (1972)
exige que toda persona goce de audiencia, defensa e imparcialidad. Autores como
Picó i Junoy (1997) y Taruffo (2009) destacan que el debido proceso no se agota
en el plano formal, sino que exige una tutela judicial efectiva que garantice
resultados materialmente justos.
Esta lectura clásica ha sido
reforzada por la doctrina contemporánea. Gauché-Marchetti et al. (2022), en un
estudio publicado en la Revista Derecho del Estado, sostienen que la tutela
judicial efectiva no puede entenderse como un estándar neutro y abstracto, sino
que exige la remoción activa de los obstáculos —normativos, culturales y
estructurales— que afectan de manera diferenciada a determinados grupos, entre
ellos las mujeres, las personas LGBTIQ+ y, por extensión analógica, las
comunidades étnicamente diversas. Su planteamiento resulta pertinente para el
caso panameño en la medida en que evidencia que la ampliación cuantitativa del
acceso a los tribunales no equivale, por sí sola, a una tutela sustantivamente
efectiva, sino que requiere una lectura situada de las garantías procesales.
En un sentido complementario, Perilla
Granados (2024) advierte que la incorporación de nuevas tecnologías al proceso
judicial —incluida la inteligencia artificial— no puede prescindir del núcleo
duro del debido proceso, particularmente del derecho a una motivación
comprensible y controlable de las decisiones. Este autor documenta, a partir de
la experiencia procesal penal latinoamericana, que la automatización de etapas
procesales sin salvaguardas adecuadas puede erosionar garantías que la doctrina
clásica —Couture (1958), Picó i Junoy (1997)— ya había identificado como
irrenunciables, lo que confirma la vigencia de dichos planteamientos frente a
los nuevos desafíos tecnológicos.
Desde la perspectiva del análisis
económico del derecho, Carrasco Delgado (2017) señala que la eficiencia
procesal y el debido proceso no son valores antagónicos, sino complementarios:
un proceso célere pero carente de garantías genera costos sociales superiores a
los que busca evitar, al multiplicar nulidades y recursos. Esta lectura es
consistente con los aportes de Voigt (2016), quien en un estudio publicado en
el European Journal of Law and Economics identificó que los sistemas con mayor
observancia del debido proceso exhiben indicadores superiores de confianza
ciudadana y menores tasas de revocación de sentencias. En conjunto, la doctrina
clásica y la producción reciente convergen en un mismo diagnóstico: el debido
proceso funciona como condición de posibilidad —y no como obstáculo— de una
economía procesal genuinamente eficiente.
Economía procesal: entre la celeridad y la justicia
material
La economía procesal puede definirse
como el conjunto de principios y técnicas orientados a obtener el máximo
rendimiento del proceso con el mínimo costo posible, tanto en términos de
tiempo como de recursos humanos y económicos (Devis Echandía, 1984; Montero
Aroca, 2001). En el ordenamiento panameño, este principio fue consagrado
expresamente en la Ley 53 de 2015 y fue reforzado mediante la Ley 402 de 2023,
que adopta el nuevo Código Procesal Civil.
En el ámbito comparado, Huertas
Martín (2014) constató, en un estudio sobre las reformas de la ejecución civil
en Chile, que los modelos de proceso por audiencias basados en oralidad e
inmediación logran reducir los tiempos de resolución sin sacrificar la calidad
de las decisiones. Por su parte, Bernal Pulido y Montealegre Lynett (2013)
analizaron el caso colombiano y concluyeron que la desformalización procesal
introducida por la Ley 2213 de 2022 redujo la tasa de nulidades en un 35 % en
los tribunales civiles de Bogotá, al eliminar ritualismos incompatibles con la
efectividad de los derechos.
Esta línea de análisis ha sido
continuada por trabajos más recientes que examinan la economía procesal ya no
solo desde la oralidad, sino desde la digitalización de las actuaciones
judiciales. Medina (2022), en un artículo publicado en Cuestiones Constitucionales.
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, propone una teoría de la e-justice
o justicia digital que distingue entre la mera automatización de trámites —que
puede reproducir ineficiencias preexistentes— y una verdadera transformación
del proceso, que exige rediseñar los flujos procesales en función de los
principios de economía procesal y de acceso efectivo a la justicia. Esta
distinción resulta relevante para valorar críticamente las reformas del Sistema
Integrado Judicial panameño, que hasta ahora han avanzado principalmente en la
primera dirección.
Cabe destacar que la economía
procesal, lejos de ser un principio meramente instrumental, tiene también una
dimensión constitucional que la doctrina reciente ha comenzado a explorar. Al
vincular la eficiencia con la tutela judicial efectiva, autores como
Gauché-Marchetti et al. (2022) sostienen que un proceso lento no solo incumple
metas de gestión administrativa, sino que puede constituir en sí mismo una
forma de denegación de justicia quantum, particularmente para las poblaciones
en situación de vulnerabilidad, cuya capacidad de sostener litigios prolongados
es limitada. Esta lectura amplía el alcance del principio: la economía procesal
deja de entenderse como una simple técnica de gestión de despachos y pasa a ser
leída como una exigencia derivada del propio derecho de acceso a la justicia.
Congestión judicial: el nudo gordiano del sistema
panameño
La congestión judicial es reconocida
como uno de los principales obstáculos para el acceso efectivo a la justicia en
América Latina (Banco Mundial, 2024). En Panamá, la CSJ (2025), reporta que el
inventario de causas pendientes supera la capacidad instalada de los despachos
judiciales, generando lo que Flórez Ruiz (2014), denomina una "dilación
paradójica": la aplicación apresurada de medidas de economía procesal,
lejos de agilizar los procesos, incrementa las nulidades y prolonga su duración
total.
Estudios comparados corroboran esta
dinámica. La OCDE (2024), reporta que Chile —con promedios de 500 días para la
resolución de causas civiles— ha avanzado gracias a la digitalización impulsada
por la Ley 20.886 (2016), aunque persisten problemas de sobrecarga en la
jurisdicción penal. En Colombia, la adopción de audiencias virtuales
postpandemia (Ley 2213, 2022), redujo los tiempos de resolución, pero generó
inequidades de acceso en zonas rurales (López Medina, 2006). En este mismo
sentido, Medina (2022), advierte que la digitalización acelerada, cuando no va
acompañada de inversión en infraestructura de conectividad y en alfabetización
digital de los operadores jurídicos, puede profundizar —en lugar de reducir—
las brechas de acceso a la justicia, un riesgo particularmente sensible en un
país con la dispersión geográfica y la diversidad cultural de Panamá.
Justicia intercultural y derechos de los pueblos indígenas
Una dimensión frecuentemente
soslayada en los debates sobre economía procesal es el impacto de las reformas
en los derechos procesales de los pueblos indígenas. En Panamá, la Ley 76 de
2021, reconoce garantías procesales específicas para estas comunidades, pero su
implementación ha sido deficiente: según los informantes de esta investigación,
el 40 % de los procesos rurales que involucran a comunidades indígenas omiten
sus garantías culturales.
Este fenómeno ha sido analizado por
la doctrina colombiana, donde la jurisdicción especial indígena ha sido objeto
de desarrollos jurisprudenciales y académicos destacables (Arbeláez de Tobón,
2004; Saber, Ciencia y Libertad, 2021). Desde una perspectiva intercultural,
Ricoeur (1981) advierte que la apropiación de textos normativos requiere una
hermenéutica contextual que evite la violencia simbólica derivada de imponer
categorías jurídicas occidentales a cosmovisiones distintas.
La investigación más reciente
confirma la vigencia de esta preocupación. Julca-Guerrero et al. (2025), en un
estudio sobre justicia intercultural en el Perú publicado en la Revista
Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, distinguen entre el reconocimiento
normativo del pluralismo jurídico —que en la región latinoamericana ha
registrado avances considerables, incluyendo instrumentos como el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo— y su materialización efectiva en
la práctica judicial, que continúa siendo parcial y declarativa. Los autores
documentan que la ausencia de mecanismos sistemáticos de detección lingüística
y cultural al inicio del proceso, así como la escasa formación intercultural de
los operadores de justicia, perpetúan una brecha entre la norma y su
cumplimiento que resulta plenamente análoga a la observada en el sistema
panameño respecto de la Ley 76 de 2021. Esta convergencia regional sugiere que
la desatención de las garantías culturales no es un problema exclusivamente panameño,
sino un patrón estructural de los procesos de reforma procesal impulsados
primordialmente por criterios de celeridad.
Inteligencia artificial y eficiencia judicial
La incorporación de sistemas de
inteligencia artificial en la gestión judicial es una tendencia global en
expansión. Autores como Restrepo Rodríguez y Corvalán (2022) documentaron la
implementación de sistemas de IA en la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado de Colombia, concluyendo que su uso, cuando está debidamente supervisado
por operadores jurídicos, mejora los tiempos procesales y garantiza la
trazabilidad de las actuaciones. En el mismo sentido, Gascón Abellán (2024)
advierte sobre la necesidad de marcos legales que regulen el uso jurisdiccional
de sistemas automatizados, a fin de preservar las garantías del debido proceso
frente al riesgo de sesgo algorítmico.
Esta discusión ha sido profundizada
por Perilla Granados (2024), quien en su análisis sobre el proceso penal
mediado por inteligencia artificial sostiene que la congestión judicial en
materia penal obedece, entre otras causas, a que las etapas procesales dependen
casi exclusivamente de la actividad humana, lo que genera un desgaste
considerable de la estructura institucional. El autor concluye que la IA puede
constituir una estrategia legítima de descongestión, siempre que su adopción se
acompañe de parámetros normativos claros sobre el nivel de autonomía decisional
que se delega a los sistemas automatizados y sobre los mecanismos de
impugnación disponibles para las partes.
Investigaciones recientes como la de Espinoza-Vásquez et
al. (2025), publicada en Frontiers in Artificial Intelligence, evidencian
mediante análisis bibliométrico de publicaciones indexadas en Scopus
(2020-2025), que la IA judicial ha multiplicado su producción científica en
América Latina, aunque persisten brechas regulatorias y de gobernanza
algorítmica. En el contexto panameño, la integración de IA para el triage de
casos representa una oportunidad para reducir la congestión sin sacrificar las
garantías constitucionales, siempre que se acompañe de capacitación judicial en
perspectiva de derechos humanos y de los resguardos frente al sesgo algorítmico
que la doctrina reciente —Gascón Abellán (2024), Perilla Granados (2024)—
identifica como condición ineludible de cualquier reforma tecnológica del
proceso.
Hallazgos
y discusión
La aplicación de la teoría fundamentada reveló la
categoría central "Equilibrio Tensionado", emergente del análisis de
las 45 sentencias de la CSJ (2020-2025) y de las entrevistas a los tres
informantes clave. A continuación, se presentan los constructos principales
identificados y su discusión hermenéutica, enriquecida con la doctrina
contemporánea incorporada en el marco conceptual.
Constructo 1: Congestión judicial como dilación paradójica
El primer constructo emergente fue la "congestión
judicial" como fenómeno estructural que, paradójicamente, se agrava con la
aplicación irreflexiva de medidas de economía procesal. El informante IK1
señaló que "la celeridad genera nulidades cíclicas", en alusión a la
práctica de dictar sentencias apresuradas que son posteriormente anuladas en
apelación, reiniciando el proceso desde fojas cero. Este hallazgo es
consistente con los aportes de Flórez Ruiz (2014), quien identificó en el sistema
colombiano el mismo ciclo vicioso, y encuentra eco en la advertencia de Medina
(2022), sobre los riesgos de una digitalización que automatiza trámites sin
repensar el diseño procesal de fondo.
Cuantitativamente, el 70 % de los expedientes
analizados evidenció dilaciones superiores a los 800 días, cifra que coincide
con los promedios regionales reportados por el Banco Mundial (2024). La CSJ
(2025) reconoce que la congestión se concentra en las salas civil y laboral,
donde la demanda de tutela judicial supera en un 40 % la capacidad de respuesta
institucional. Desde la hermenéutica gadameriana (Gadamer, 1975), esta
congestión puede interpretarse como un "horizonte rezagado" en el que
el prejuicio de la celeridad distorsiona el horizonte de sentido del proceso
como instrumento de justicia.
Constructo 2: Tensión entre due process y economía procesal
El análisis de las sentencias reveló que el 62 % de
las apelaciones originadas en formalismos procesales resultan en anulaciones,
lo que evidencia la rigidez del artículo 29 de la Constitución Política frente
a los imperativos de eficiencia de la Ley 53 de 2015 y la Ley 402 de 2023. Esta
tensión ha sido documentada con rigor analítico por Carrasco Delgado (2017) en
el contexto chileno, quien concluye que la compatibilización entre eficiencia y
debido proceso requiere un tratamiento de "óptimo" en lugar de la
mera minimización de costos; una lectura que Gauché-Marchetti et al. (2022),
refuerzan al señalar que la tutela judicial efectiva exige remover obstáculos
estructurales antes que acelerar mecánicamente los trámites.
El informante IK2 describió esta tensión como
"una trampa constitucional": los jueces se ven compelidos a elegir
entre el cumplimiento de los plazos legales —que la economía procesal exige— y
el respeto de todas las formalidades que el debido proceso demanda. En términos
comparados, Chile ha logrado reducir parcialmente esta tensión mediante la
oralidad obligatoria y la concentración de actuaciones en audiencias únicas
(Pereira Anabalón, 2014), mientras que Colombia avanza hacia una mayor flexibilidad
a través de la Ley 2213 de 2022 (Bernal Pulido & Montealegre Lynett, 2013).
Constructo 3: Desigualdades sistémicas e invisibilización del indígena
Un hallazgo de particular relevancia es que el 40 % de
los procesos rurales que involucran a comunidades indígenas omiten las
garantías culturales reconocidas en la Ley 76 de 2021. El informante IK3
ilustró esta situación con precisión: "La celeridad homogeneiza,
silenciando voces originarias". Esta invisibilización reproduce la
"violencia simbólica" que Ricoeur (1981), asocia a la imposición de
horizontes normativos ajenos a la cosmovisión de los sujetos, y coincide con el
diagnóstico de Julca-Guerrero et al. (2025), sobre la brecha entre el
reconocimiento normativo del pluralismo jurídico y su materialización práctica.
La doctrina comparada ofrece elementos para abordar
este desafío. Desde Colombia, la jurisdicción especial indígena ha sido
sistematizada por Arbeláez de Tobón (2004) y más recientemente analizada por
autores como Saber, Ciencia y Libertad (2021), quienes destacan la necesidad de
articular la justicia estatal con las formas propias de administración de
justicia indígena. En el plano interamericano, la CIDH ha establecido
estándares de consulta previa y acceso a la justicia culturalmente pertinente
que Panamá está obligada a observar (Araújo-Oñate, 2011). La experiencia
peruana documentada por Julca-Guerrero et al. (2025), sugiere, además, que la
sola creación de protocolos de actuación intercultural resulta insuficiente si
no se acompaña de mecanismos obligatorios de detección lingüística y cultural
desde el inicio del proceso, así como de un compromiso presupuestal sostenido
por parte del Estado.
Constructo 4: Reformas digitales parciales y potencial de la IA
Las reformas digitales introducidas en el marco del
Sistema Integrado Judicial (SIJ) han demostrado impactos modestos pero
positivos en la reducción de tiempos procesales. Sin embargo, los informantes y
la revisión documental coinciden en que dichas reformas no han abordado de
manera integral las causas estructurales de la congestión. La investigación de
Sousa et al. (2022), citada por Iacajournal (2026), advierte que los sistemas
de gestión de casos basados en TI mejoran la eficiencia cuando se integran con
rediseños organizacionales profundos, no como meros sustitutos del papel; una
conclusión que la propuesta teórica de Medina (2022) sobre la e-justice
sistematiza al distinguir entre digitalización superficial y transformación
procesal genuina.
El potencial de la IA para el triage de casos —esto
es, la clasificación automatizada de expedientes según su complejidad y
urgencia— ha sido documentado en el contexto colombiano por Restrepo Rodríguez
y Corvalán (2022), en el ecuatoriano por Espinoza-Vásquez et al. (2025), y
desde una perspectiva procesal penal comparada por Perilla Granados (2024).
Estos estudios coinciden en que la IA asistida, supervisada por operadores
jurídicos capacitados, puede identificar patrones de dilación y alertar sobre
riesgos de vulneración del debido proceso. No obstante, Gascón Abellán (2024)
subraya que su implementación requiere marcos normativos robustos que
garanticen la transparencia algorítmica y el derecho de impugnación,
advertencia que resulta especialmente pertinente para un sistema como el panameño,
que aún no cuenta con un marco regulatorio específico para el uso judicial de
la inteligencia artificial.
En términos de gestión institucional, los hallazgos
sugieren que la CSJ podría beneficiarse de una hoja de ruta escalonada: en una
primera fase, la IA se limitaría a tareas de clasificación y priorización de
expedientes —triage— bajo revisión humana obligatoria; en una segunda fase, y
solo una vez validados los protocolos de transparencia algorítmica, podría
explorarse su aplicación a tareas de apoyo argumentativo para los operadores
jurídicos, nunca a la sustitución de la función decisoria del juez. Este
escalonamiento es coherente con la advertencia de Gascón Abellán (2024), sobre
la necesidad de proporcionalidad entre el nivel de automatización y las
garantías procesales comprometidas en cada etapa del proceso.
Triangulación metodológica y validez de los constructos
La triangulación de datos (Denzin, 1970), permitió
validar los cuatro constructos a través de tres fuentes convergentes: datos
empíricos institucionales (CSJ, 2025; WJP, 2025; Banco Mundial, 2024), marco
teórico hermenéutico —tanto clásico (Gadamer, 1975; Ricoeur, 1981; Glaser &
Strauss, 1967) como contemporáneo (Gauché-Marchetti et al., 2022; Medina, 2022;
Julca-Guerrero et al., 2025; Perilla Granados, 2024)— y perspectiva reflexiva
de la investigadora. La saturación teórica se alcanzó en la tercera iteración
del proceso de codificación, conforme a los criterios de Lincoln y Guba (1985).
Desde la hermenéutica gadameriana, los constructos
identificados forman un "círculo hermenéutico" en el que el prejuicio
de la celeridad procesal (economía procesal) distorsiona el horizonte de
sentido del proceso como instrumento de justicia (debido proceso). Superar esta
distorsión exige, en términos de Gadamer, una "fusión de horizontes"
que integre eficiencia y garantías en una nueva síntesis normativa, comparable
al modelo que Colombia ha comenzado a construir mediante la Ley 2213 de 2022 y
a los desarrollos teóricos que la doctrina reciente propone para armonizar
digitalización, tutela efectiva e interculturalidad (Medina, 2022; Gauché-Marchetti
et al., 2022; Julca-Guerrero et al., 2025).
Conclusiones
El sistema judicial panameño enfrenta un
"Equilibrio Tensionado" estructural entre las garantías del debido
proceso (art. 29, Constitución Política) y los imperativos de economía procesal
(Ley 53 de 2015; Ley 402 de 2023), que se expresa en congestión crónica,
nulidades cíclicas y desigualdades sistémicas, particularmente en comunidades
indígenas (Ley 76 de 2021). Este fenómeno no es exclusivo de Panamá, sino una
manifestación regional de la brecha entre demanda de justicia y capacidad
institucional de respuesta (Banco Mundial, 2024; WJP, 2025), como confirma la
evidencia comparada revisada en este estudio.
Desde las implicaciones teóricas, la teoría
fundamentada aplicada revela que la congestión no es un problema meramente
cuantitativo de acumulación de expedientes, sino un fenómeno hermenéutico en el
que el prejuicio de la celeridad distorsiona el horizonte protector de la
justicia (Gadamer, 1975). La incorporación de doctrina contemporánea
—Gauché-Marchetti et al. (2022) sobre tutela judicial efectiva, Medina (2022),
sobre justicia digital, Julca-Guerrero et al. (2025) sobre justicia
intercultural y Perilla Granados (2024), sobre inteligencia artificial
procesal— confirma que los clásicos del derecho procesal (Couture, 1958; Devis
Echandía, 1984) siguen siendo un referente vigente, pero requieren ser leídos
junto con la producción científica más reciente para responder a los desafíos
tecnológicos e interculturales del siglo XXI. Comparado con Chile —cuya
experiencia con la oralidad y la digitalización ofrece lecciones valiosas
(Pereira Anabalón, 2014)— y Colombia —que avanza hacia una mayor flexibilidad
cultural y virtual (Bernal Pulido & Montealegre Lynett, 2013)—, Panamá
exhibe rezagos significativos, pero cuenta con potencial reformador
demostrable.
En el plano práctico, se proponen las siguientes
reformas: (1) implementación de sistemas de inteligencia artificial para el
triage de casos, bajo supervisión judicial y marcos normativos que garanticen
la transparencia algorítmica y el derecho de impugnación (Gascón Abellán, 2024;
Perilla Granados, 2024); (2) reforma constitucional que eleve la economía
procesal al rango de garantía de debida diligencia, integrando expresamente el
enfoque intercultural exigido por la Ley 76 de 2021, los estándares
interamericanos (Araújo-Oñate, 2011) y las lecciones de la experiencia
comparada sobre pluralismo jurídico (Julca-Guerrero et al., 2025); (3) adopción
de oralidad obligatoria en los procesos civiles y laborales, conforme al modelo
exitoso de la Ley 402 de 2023, y de una estrategia de digitalización que evite
la mera automatización superficial de trámites (Medina, 2022); y (4)
capacitación judicial continua en perspectiva de derechos humanos,
interculturalidad y tutela judicial efectiva situada (Gauché-Marchetti et al.,
2022).
La saturación teórica confirma: la justicia panameña
no es estática, sino proyectiva. La reforma del sistema requiere voluntad
política, recursos institucionales y, sobre todo, la comprensión de que la
eficiencia procesal y el debido proceso son dos caras de la misma moneda en un
Estado Democrático de Derecho, una lectura que hoy comparten tanto los
fundadores de la doctrina procesal como sus continuadores contemporáneos.
Como toda investigación cualitativa de diseño descriptivo-documental,
este estudio presenta limitaciones que abren líneas de investigación futura. En
primer lugar, la muestra de informantes clave, aunque metodológicamente
pertinente para la teoría fundamentada, podría ampliarse en estudios
posteriores incorporando la perspectiva de litigantes indígenas y de operadores
del Sistema Integrado Judicial, a fin de contrastar la visión institucional con
la experiencia directa de los usuarios del sistema. En segundo lugar, se
recomienda un seguimiento longitudinal de la implementación de la Ley 402 de
2023 una vez transcurrido un período más amplio de vigencia, que permita medir
con mayor precisión su impacto sobre los tiempos de resolución y las tasas de
nulidad. Finalmente, la creciente producción científica sobre inteligencia
artificial judicial (Perilla Granados, 2024; Espinoza-Vásquez et al., 2025),
sugiere la necesidad de estudios empíricos específicos sobre la viabilidad
técnica y normativa de un sistema de triage algorítmico adaptado a la realidad
institucional panameña, incluyendo sus implicaciones para las garantías
interculturales exigidas por la Ley 76 de 2021.
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