Abstract
The accelerated technological development,
globalization, and transition toward Industry 4.0 have radically transformed
logistics and supply chain management, creating new legal challenges in areas
such as contracts, traceability, sustainability, and corporate responsibility.
In Panama—a strategic country due to the Canal and its multimodal logistics
platform—the current regulatory framework remains fragmented across commercial,
maritime, and customs laws, lacking a comprehensive legal system that regulates
digital governance and due diligence in supply chains. This regulatory
fragmentation limits legal certainty and logistical competitiveness in the face
of emerging international standards. The general objective of this study was to
conduct a systemic review of the law applied to logistics and supply chain
management, to identify regulatory gaps and propose guidelines to strengthen
Panama's legal framework. Methodologically, a qualitative paradigm was adopted,
with a descriptive-documentary type and non-experimental design, through a
systematic documentary review of scientific and regulatory sources published
between 2020 and 2025, analyzed through thematic coding and theoretical
triangulation. The results reveal three central trends: the expansion of the concept
of logistics law toward sustainability, the consolidation of corporate due
diligence standards, and legal digitalization through smart contracts. It is
concluded that Panama requires a comprehensive legal reform in the logistics
sector, oriented toward traceability, transparency, and sustainability in
supply chains, in alignment with international commitments and the Sustainable
Development Goals.
Keywords: Logistics
law; Supply chain; Digital governance; Legal sustainability; Due diligence.
Introducción
El sector de la logística y la cadena
de suministros ha experimentado una transformación acelerada durante la última
década, impulsada por la globalización, la digitalización, la adopción de
tecnologías de la Industria 4.0 y por las exigencias crecientes en materia de
sostenibilidad, trazabilidad y cumplimiento normativo (Rodríguez León &
Quevedo Olaya, 2024; Minchala Hidalgo et al., 2025). En paralelo, el ámbito
jurídico ha tenido que adaptarse para regular nuevos riesgos,
responsabilidades, modelos de contrato y esquemas de gobernanza en cadenas
logísticas cada vez más complejas, interconectadas y transnacionales (Cañada,
2023; Carrascosa González, 2023).
Desde la perspectiva del derecho, la
logística ya no se limita únicamente al transporte, almacenamiento y
distribución, sino que involucra un entramado regulatorio amplio que abarca
contratos logísticos, responsabilidades civiles y contractuales, derecho
internacional del comercio, sostenibilidad ambiental, derechos humanos y
tecnologías emergentes (por ejemplo, plataformas digitales, inteligencia
artificial, automatización) (Arias Martínez, 2024). Esta ampliación del objeto
de estudio es consistente con la literatura especializada en gestión de cadenas
de suministro, que identifica a la logística como uno de los factores
estratégicos —junto con el inventario, las instalaciones y la información— que
determinan la competitividad de toda la red de valor (Chopra & Meindl,
2016).
El caso panameño resulta
particularmente relevante para este análisis. Panamá concentra una de las
plataformas logísticas multimodales más importantes de América Latina y el
Caribe, apalancada en el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón y una red
portuaria de trasbordo de alcance hemisférico (Calatayud, 2021). Sin embargo,
este liderazgo operativo no se corresponde con un desarrollo equivalente del
marco jurídico que lo sustenta: la regulación logística panameña continúa
dispersa entre el Código de Comercio, la legislación marítima, la normativa
aduanera y disposiciones administrativas sectoriales, sin una arquitectura
normativa integral que aborde de manera sistemática la gobernanza digital, la
trazabilidad de los datos ni la debida diligencia empresarial exigida por los
estándares internacionales contemporáneos.
Esta fragmentación normativa no es un
problema meramente técnico, sino un vacío de gobernanza que compromete la
seguridad jurídica y, con ello, la competitividad logística del país. De ahí la
pertinencia de abordar el fenómeno desde una perspectiva sistémica: Entender el
derecho no como un conjunto de compartimentos normativos aislados, sino como un
sistema que debe responder de manera coherente a la complejidad de las cadenas
de suministro globales (Luhmann, 1995). Por ello, resulta pertinente llevar a
cabo una revisión sistemática del derecho aplicado a la logística y cadena de
suministros, que permita identificar tendencias, vacíos y oportunidades de
reforma.
El presente artículo se organiza de
la siguiente manera: en primer lugar, se presenta el propósito y los objetivos
específicos de la investigación; en segundo lugar, se describe el método
empleado, incluyendo las fuentes documentales, el procedimiento de codificación
temática y los criterios de validez y confiabilidad; en tercer lugar, se
desarrolla el marco conceptual y la triangulación metodológica que sustenta el
análisis; posteriormente, se exponen los hallazgos y la discusión derivados de
la revisión sistémica; y, finalmente, se presentan las conclusiones y las
referencias bibliográficas que sustentan el estudio.
Propósito
Realizar una revisión sistémica del
derecho aplicado a la logística y cadena de suministros, con el fin de
identificar los vacíos regulatorios existentes en el marco jurídico panameño y
proponer lineamientos orientados a fortalecer su coherencia normativa frente a
los estándares internacionales emergentes en materia de gobernanza digital,
sostenibilidad y debida diligencia empresarial.
Para alcanzar este propósito general,
se plantearon los siguientes objetivos específicos:
1.
Caracterizar el estado actual del marco
normativo panameño aplicable a la logística y la cadena de suministros.
2.
Identificar las tendencias doctrinales y
normativas internacionales en materia de gobernanza digital, trazabilidad y
sostenibilidad jurídica aplicadas a la logística.
3.
Analizar, mediante triangulación teórica, la
convergencia entre el derecho logístico emergente y los estándares de debida
diligencia empresarial.
4.
Proponer lineamientos generales orientados a
la reforma del marco jurídico logístico panameño.
Método
El presente estudio se desarrolló
bajo un enfoque cualitativo, sustentado en el paradigma cualitativo, que busca
comprender la estructura y coherencia del derecho aplicado a la logística y al
suministro desde una perspectiva sistémica y contextualizada en Panamá. Se
adoptó un diseño no experimental, descriptivo-documental, centrado en la
recopilación, análisis y sistematización de información proveniente de fuentes
científicas, jurídicas y normativas.
Las fuentes de información
documentales incluyeron: normativas nacionales e internacionales (leyes,
decretos, convenios y tratados multilaterales vinculados al comercio,
transporte, aduanas y sostenibilidad); doctrina jurídica reciente (artículos,
libros y ensayos publicados entre 2020 y 2025) sobre derecho logístico,
gobernanza digital, debida diligencia empresarial y sostenibilidad jurídica; e
informes técnicos y documentos institucionales emitidos por organismos
multilaterales como la CEPAL, la OMC, la OEA y la UNCTAD, que abordan la
evolución del marco jurídico de la logística global y regional.
El procedimiento metodológico se
desarrolló en cuatro fases:
Recolección y selección de
fuentes: Mediante criterios de pertinencia,
actualidad (2020-2025) y relevancia jurídica.
Codificación temática: identificación de categorías emergentes (derecho logístico,
gobernanza digital, sostenibilidad jurídica, trazabilidad y debida diligencia).
Análisis hermenéutico y
triangulación teórica: contrastando los hallazgos
con teorías jurídicas contemporáneas y estándares internacionales.
Síntesis interpretativa: integración de resultados en un modelo sistémico que permite
visualizar la interacción entre derecho, logística y sostenibilidad.
Criterios de validez y confiabilidad
Para garantizar la credibilidad y rigor científico, se
aplicó triangulación de fuentes, revisión por pares académicos y validación
conceptual con marcos teóricos de referencia. Este enfoque permitió construir
una comprensión profunda y crítica del estado actual del derecho logístico en
Panamá, identificando vacíos regulatorios y áreas prioritarias de reforma
jurídica.
Desarrollo de la investigación
Estudios recientes respaldan lo antes
mencionado. Zambrano-Yépez et al., (2020), documentan que el uso de las
diferentes Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ayuda a los
empleados del sector logístico a trabajar de forma más eficiente, ya que muchas
responsabilidades administrativas y productivas se pueden automatizar,
liberando a gran parte de los trabajadores para centrarse en tareas más
complejas. En la misma línea, Minchala Hidalgo et al., (2025), evidencian que
las herramientas digitales de trazabilidad —blockchain, internet de las cosas y
sistemas de identificación electrónica— optimizan la visibilidad de los
procesos y fortalecen el cumplimiento de las regulaciones internacionales en
las cadenas de suministro alimentarias, mientras que Lu y Taghipour (2025),
sostienen que la digitalización de la cadena de suministro está generando
nuevos paradigmas de investigación centrados en la interoperabilidad de los
sistemas y la gobernanza de los datos.
Con el paso de los años, este proceso
de digitalización se está apoderando de todas las industrias y aportando
beneficios en la cadena de suministro, lo que la hace más resistente,
competitiva y eficiente.
Por su lado, la brecha de capital
humano digital constituye un obstáculo transversal. La adopción de herramientas
como gemelos digitales, inteligencia artificial o analítica predictiva exige
perfiles técnicos con competencias avanzadas en ingeniería de datos,
automatización y regulación tecnológica. No obstante, la oferta formativa
nacional sigue orientada a la logística tradicional, sin incorporar plenamente
módulos de legislación tecnológica, ética algorítmica ni seguridad cibernética
(Organización Internacional del Trabajo [OIT] - CINTERFOR & INADEH, 2023).
Definiciones del término Derecho
El término “derecho” según distintas
fuentes puede entenderse como un conjunto organizado de reglas que controlan
cómo actúan los miembros de una sociedad. A continuación, se presentan algunas
definiciones sobre este término como base teórica de esta investigación.
Una de las más reconocidas
definiciones es la del padre jesuita Luis María Olaso, quien propone definir al
derecho como “la recta ordenación de las relaciones sociales, mediante un
sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad
competente, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la
realidad histórica” (Olaso, 2008, p. 18).
Desde una perspectiva más operativa,
el Legal Information Institute (2023, párr. 1), describe el derecho como un
sistema de normas que regulan la conducta de una comunidad y que, con
frecuencia, se aplican mediante una autoridad competente que impone sanciones.
En un sentido similar, el diccionario Merriam-Webster (2025, párr. 1), entiende
el derecho, en tanto acción, como una norma o práctica social de carácter
obligatorio, ya sea porque la comunidad la acepta o porque una autoridad
legítima ha impuesto su cumplimiento.
La definición más citada del derecho
señala que “es un orden coactivo, es decir, un sistema de órdenes que regulan
la conducta humana, cuyo cumplimiento puede ser asegurado por la coacción
estatal” (Kelsen, 1982, p. 46). En un trabajo reciente, Perry (2023), amplía
esta noción al incorporar una dimensión moral: lo jurídico no se agota en la
obligación formal de una norma, sino que refiere también a aquello que debe ser
conforme a principios éticos de obligación o de derecho.
Estas definiciones evidencian una
tensión clásica de la teoría jurídica entre el positivismo normativo y el
iusnaturalismo. Desde el positivismo, Kelsen (1982), concibe el derecho como un
sistema jerárquico de normas cuya validez deriva de una norma fundante,
mientras que Hart (2012), matiza esta visión al introducir la distinción entre
reglas primarias —que imponen obligaciones de conducta— y reglas secundarias
—que regulan la creación, modificación y aplicación de las primeras—, otorgando
al sistema jurídico una estructura más dinámica y adaptable a la complejidad
institucional. Frente a esta corriente, la definición de Olaso (2008), de raíz
iusnaturalista, incorpora un componente axiológico: el derecho no es solo un
sistema de reglas eficaces, sino un ordenamiento orientado a soluciones justas.
Esta doble tradición —positivista y iusnaturalista— resulta pertinente para el
análisis del derecho logístico, en la medida en que la regulación de la cadena
de suministro exige tanto la eficacia normativa de reglas claras y exigibles
como una orientación valorativa hacia la sostenibilidad, la equidad y la
responsabilidad empresarial que trasciende la mera legalidad formal.
Definiciones del término logística
Según Cambridge University Press (s.
f., párr. 1), la logística es el conjunto de actividades que permite anticipar
y coordinar el uso de recursos de tal modo que estos se ubiquen oportunamente
donde se requieren, asegurando que las operaciones se realicen de manera
eficiente. Para el portal TechTarget (2023, párr. 1), la logística es el
proceso de planificar y ejecutar el transporte y almacenamiento eficiente de
bienes desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de
satisfacer los requisitos del cliente de forma oportuna y rentable. En una
publicación de Shopify (2024, párr. 1), se indica que la logística hace
referencia al proceso de almacenar, coordinar y mover recursos hacia un destino
según sea necesario.
Estas definiciones, de origen
predominantemente lexicográfico y divulgativo, deben complementarse con el
aporte de la literatura especializada en gestión de cadenas de suministro.
Chopra y Meindl (2016), enmarcan la logística como uno de los principales impulsores
(drivers) del desempeño de la cadena de suministro, junto con el inventario,
las instalaciones y la información, y subrayan que las decisiones logísticas
—transporte, almacenamiento y distribución— determinan directamente el
equilibrio entre capacidad de respuesta y eficiencia de toda la red. Esta
perspectiva estratégica permite trascender la noción puramente operativa de la
logística y comprenderla como un componente estructural de la ventaja
competitiva empresarial, lo cual justifica su creciente regulación jurídica
autónoma.
Definiciones del término cadena de suministro
El Council of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP, 2025, párr. 1), considera cadena
de suministro al sistema integrado por organizaciones, personas, actividades y
tecnologías que transforman insumos en productos y los hacen llegar al cliente
final, desde la fuente de materias primas hasta la entrega, coordinando esos
eslabones para que el producto llegue “cuando, dónde y cómo” se necesita. Por
su parte, Lutkevich (2021, párr. 1), señala que se considera cadena de
suministro a la red de individuos, empresas, recursos, actividades y tecnología
implicados en crear y vender un producto: abarca todo, desde el abastecimiento
de materiales al fabricante hasta la llegada al usuario final, incluyendo el
canal de distribución.
En una revisión reciente sobre
paradigmas emergentes de investigación, Lu y Taghipour (2025), conciben la
cadena de suministro como una red de actores que, mediante interacciones
globales, generan y entregan valor al cliente final a través de múltiples nodos
coordinados —proveedores, fabricantes y operadores logísticos— que articulan
los flujos necesarios para materializar dicho valor.
En conjunto, estas definiciones
—desde la perspectiva profesional del CSCMP, la divulgativa de Lutkevich
(2021), y la académica de Lu y Taghipour (2025)— coinciden en concebir la
cadena de suministro como una red de actores interdependientes cuya
coordinación genera valor. Esta convergencia conceptual es la que, en el plano
jurídico, exige superar la fragmentación normativa señalada en la introducción:
si la cadena de suministro es un sistema de nodos interconectados, el derecho
que la regula no puede seguir organizándose en compartimentos aislados —derecho
comercial, marítimo, aduanero—, sino que requiere una arquitectura normativa
igualmente sistémica, en línea con la teoría de sistemas de Luhmann (1995),
aplicada más adelante en este estudio.
Tabla 1.
Triangulación metodológica completa y académicamente estructurada
|
Dimensión /
Categoría analítica
|
Evidencia
empírica (fuentes y documentos revisados)
|
Soporte
teórico (autores y marcos conceptuales)
|
Interpretación
y convergencia fenomenológica
|
|
Derecho logístico
|
Normativas nacionales e
internacionales (leyes comerciales, marítimas, aduaneras y tratados
multilaterales).
|
Cañada (2023);
Carrascosa González (2023); Rodríguez León & Quevedo Olaya (2024).
|
Se evidencia la
necesidad de consolidar un marco jurídico integrado que armonice las
disposiciones comerciales y de transporte con las nuevas exigencias de
trazabilidad y responsabilidad empresarial.
|
|
Gobernanza digital y
contratos inteligentes
|
Legislación comparada
sobre comercio electrónico y regulación tecnológica; informes de la OMC y
UNCTAD (2020-2025).
|
Minchala Hidalgo et al.
(2025); Ganne (2018).
|
La digitalización del
derecho logístico plantea desafíos en materia de interoperabilidad legal y
protección de datos, requiriendo una gobernanza digital con enfoque ético y
normativo.
|
|
Sostenibilidad jurídica
y debida diligencia empresarial
|
Documentos de la CEPAL,
OEA y normativas sobre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad
logística.
|
Calatayud (2021);
Rodríguez León & Quevedo Olaya (2024).
|
Se consolida una
tendencia hacia la incorporación de la sostenibilidad como principio jurídico
transversal, vinculando el derecho logístico con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
|
|
Trazabilidad y
transparencia en las cadenas de suministro
|
Estudios doctrinales y
técnicos sobre blockchain, IoT y trazabilidad alimentaria en Latinoamérica.
|
Minchala Hidalgo et al.
(2025); Rodríguez León & Quevedo Olaya (2024).
|
La trazabilidad digital
emerge como un requisito jurídico y operativo clave para fortalecer la
confianza y la responsabilidad en las cadenas de suministro globales.
|
|
Síntesis interpretativa:
modelo sistémico del derecho logístico panameño
|
Resultados integrados de
las fases de codificación temática, análisis hermenéutico y triangulación
teórica.
|
Paradigma cualitativo
interpretativo y teoría sistémica de Luhmann (1995) aplicada al derecho.
|
La articulación entre
derecho, tecnología y sostenibilidad permite proponer un modelo de gobernanza
jurídica integral, orientado a la competitividad logística de Panamá en la
era digital.
|
Fuente: Elaboración propia (2026).
Hallazgos y discusión
El análisis sistémico y hermenéutico
de las fuentes revisadas permitió identificar una serie de vacíos estructurales
y tendencias emergentes en el derecho logístico panameño, en contraste con los
estándares internacionales de gobernanza jurídica en materia de logística y
suministro. La interpretación de los hallazgos se fundamenta en una lectura
crítica y contextualizada del orden normativo vigente, entendiendo al derecho
como un sistema dinámico de comunicación y adaptación —siguiendo la visión
sistémica de Luhmann (1995)— frente a las transformaciones tecnológicas y
económicas globales.
Fragmentación normativa y debilidad sistémica
El primer hallazgo revela una
fragmentación del marco normativo panameño en materia logística, disperso entre
leyes comerciales, marítimas, aduaneras y de transporte. Esta disgregación
limita la efectividad regulatoria y obstaculiza la seguridad jurídica necesaria
para la atracción de inversión y la integración en cadenas globales de
suministro. Coincidiendo con Cañada (2023) y Carrascosa González (2023), se
evidencia la ausencia de un marco jurídico unificado que contemple las nuevas
realidades contractuales y transnacionales derivadas de la digitalización del
comercio. Desde una mirada hermenéutica, esta fragmentación se interpreta como
una disonancia entre la evolución tecnológica del entorno logístico y la
inercia del sistema jurídico tradicional, el cual no ha logrado incorporar
principios de interoperabilidad ni mecanismos de gobernanza digital.
Emergencia del derecho logístico como disciplina
autónoma
Un segundo hallazgo destaca la
expansión conceptual del derecho logístico como campo jurídico en
consolidación. Los aportes doctrinales recientes (Rodríguez León & Quevedo
Olaya, 2024; Minchala Hidalgo et al., 2025), muestran una tendencia hacia la especialización
normativa en temas de trazabilidad, responsabilidad del proveedor y
sostenibilidad operativa. Desde una perspectiva interpretativa, esta evolución
refleja un cambio de paradigma jurídico, en el que la logística deja de ser
solo una actividad económica y se convierte en un objeto de regulación
sistémica, articulando derecho, tecnología y sostenibilidad bajo un mismo marco
conceptual.
Digitalización jurídica y contratos inteligentes
El análisis de fuentes
internacionales (Organización Mundial del Comercio [OMC], 2018; Comisión
Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022; Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], 2021), revela una
progresiva digitalización del derecho logístico, mediante la adopción de
herramientas tecnológicas como blockchain, contratos inteligentes e
identificación electrónica. Esta transición introduce desafíos relativos a la
validez, ejecución y jurisdicción transnacional de los contratos electrónicos,
así como a la protección de datos en el comercio digital. Hermenéuticamente,
esta tendencia expresa una transformación ontológica del derecho, que pasa de
una lógica documental y formalista a una lógica de sistemas inteligentes
autorregulados, requiriendo nuevas categorías interpretativas y normativas para
garantizar su legitimidad.
Sostenibilidad jurídica y debida diligencia
Otro hallazgo relevante es la
incorporación de la sostenibilidad como principio jurídico transversal en las
cadenas de suministro. Las normativas internacionales recientes promueven la
debida diligencia empresarial y la trazabilidad ambiental y social como
obligaciones legales y no meramente éticas. En Panamá, este enfoque aún es
incipiente, pero la tendencia apunta a la convergencia entre derecho logístico
y derecho ambiental, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La hermenéutica aplicada permite interpretar esta evolución como una
reconfiguración axiológica del derecho logístico, que integra valores éticos y
de justicia intergeneracional en su estructura normativa.
Necesidad de una reforma jurídica integral
La triangulación interpretativa evidencia que el sistema
jurídico panameño requiere una reforma integral del marco legal logístico,
orientada hacia la transparencia, la trazabilidad y la sostenibilidad. Esta
reforma debería armonizar la normativa nacional con tratados multilaterales y
estándares de gobernanza global, permitiendo una integración coherente con los
sistemas de comercio electrónico y logística digital. Desde la interpretación
hermenéutica, este proceso supone un movimiento de reinterpretación del
derecho: no solo como instrumento regulador, sino como sistema adaptativo capaz
de responder a la complejidad económica y tecnológica contemporánea.
Conclusiones
La revisión sistémica del derecho
aplicado a la logística y la cadena de suministros evidencia que Panamá se
encuentra en un momento crítico de transición normativa, en el que las
estructuras legales tradicionales deben adaptarse a los desafíos de la digitalización,
la sostenibilidad y la complejidad de las cadenas de suministro globales. Los
hallazgos muestran una fragmentación normativa significativa, así como vacíos
en materia de gobernanza digital, trazabilidad y debida diligencia empresarial,
lo que limita la seguridad jurídica y la competitividad logística del país
frente a estándares internacionales.
Asimismo, se evidencia que el derecho
logístico está emergiendo como una disciplina jurídica autónoma, capaz de
integrar aspectos contractuales, tecnológicos, ambientales y éticos en un marco
coherente. La incorporación de herramientas digitales como contratos
inteligentes y sistemas de trazabilidad, junto con la aplicación de normas de
sostenibilidad y responsabilidad corporativa, señala la necesidad de una
reforma integral del marco jurídico panameño, orientada a la transparencia, la
interoperabilidad y la eficiencia de la gestión logística.
En términos hermenéuticos, la
interpretación de los resultados sugiere que el derecho debe ser concebido no
solo como un instrumento regulador, sino como un sistema adaptativo y dinámico,
capaz de responder a los cambios tecnológicos, económicos y sociales de la
logística contemporánea. Por ello, se recomienda fortalecer la legislación
nacional mediante la armonización con normas internacionales, la actualización
de principios de debida diligencia y sostenibilidad, y la promoción de un
enfoque interdisciplinario que articule derecho, tecnología y ética
empresarial, asegurando que Panamá mantenga su posición estratégica en la
logística global.
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